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    23 Sep '25

    LandCam, la brújula del urbanismo, prevé 126.579 nuevas unidades de suelo finalista hasta 2030

    La herramienta estrena una versión con acceso universal mientras actualiza su proyección sobre grandes desarrollos como Campamento, ARPO, los planes del sureste y Nuevo Brunete

    La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA), ha organizado un encuentro en el espacio Fundación Telefónica para reunir a los cuatro consejeros y un viceconsejero de las comunidades autónomas más activas en materia de mejoras urbanísticas y de suelo, junto a los presidentes de las juntas de compensación de los principales desarrollos. Además, se ha abordado las principales novedades de la nueva versión de la plataforma LandCam, que monitoriza en tiempo real los desarrollos urbanísticos activos en la Comunidad de Madrid.

    La jornada ha comenzado con unas palabras de Carolina Roca, presidenta de ASPRIMA, quien ha dado la bienvenida a los asistentes. En su intervención, ha subrayado que los avances no se limitan al plano normativo, sino que también se están materializando en acuerdos concretos. En este sentido, ha destacado la firma de cinco convenios recientes para sumarse a la plataforma LandCam: con el Ayuntamiento de Madrid, con la Junta de Compensación Retamar de la Huerta, Ayuntamiento de Brunete, con la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior y con la Nueva Centralidad del Este. Estos hitos, señaló, refuerzan el compromiso de las administraciones y de las juntas de compensación con el desarrollo de vivienda protegida y asequible, consolidando la colaboración público-privada como motor de transformación urbanística.

    A continuación, ha intervenido Fernando Moliner, vicepresidente de ASPRIMA, quien ha destacado que LandCam, ha actualizado sus previsiones de disponibilidad de nuevo suelo finalista para el periodo 2025-2030. Según la revisión de otoño de 2025, la cifra se sitúa en 126.579 unidades, lo que supone un ajuste respecto a las 128.441 unidades previstas en 2024. "Este ajuste responde a los movimientos en desarrollos clave como Campamento, ARPO, los planes del sureste y Nuevo Brunete, que han redefinido el calendario de puesta en el mercado de suelo finalista en los próximos años", ha subrayado Moliner.

    Alejandro Bermúdez, cofundador y CEO de Atlas Real Estate Analytics, ha presentado las novedades de LandCam 2.0. Además, la plataforma, desarrollada por la propia compañía, ya está disponible en acceso universal, lo que permite a cualquier persona utilizarla de forma directa y sin restricciones, poniendo todas sus funcionalidades al alcance del público general.

    A continuación, ha tenido lugar la mesa redonda Desarrollo Urbano en Madrid: Obstáculos y soluciones desde las Juntas de Compensación, moderada por Fernando Moliner, vicepresidente de ASPRIMA. Ha contado con la participación de Rafael Olabarri, presidente de la Junta de Compensación del desarrollo urbanístico de Valgrande; Isabel Pelegrí, presidenta de la Junta de Compensación del sector 5 de Brunete; Miguel Díaz Batanero, presidente de la Junta de Compensación de los Cerros, y Darío Rivera, presidente de la Junta de Compensación Retamar de la Huerta.

    Los representantes de las principales juntas de compensación han coincidido en que el mayor reto del urbanismo en Madrid no es la falta de interés inversor ni de demanda de vivienda —con más de 30.000 unidades en juego entre estos cuatro desarrollos—, sino la lentitud y complejidad de los trámites administrativos, agravada por la inseguridad jurídica y la excesiva duplicidad de informes. Todos han subrayado la necesidad de acortar plazos, ganar agilidad y dotar de mayor certidumbre al marco normativo, apelando a una reforma ambiciosa de la Ley del Suelo que saque el urbanismo de la polarización política y lo convierta en una verdadera política de Estado. Asimismo, han coincidido en la urgencia de que las infraestructuras —especialmente eléctricas y de agua— se desarrollen en paralelo o incluso con antelación al planeamiento, como condición indispensable para garantizar que la producción de suelo acompase las necesidades de vivienda.

    Por su parte, la mesa de debate Transformaciones urbanas en España: Madrid, Andalucía, Canarias, Murcia y las Islas Baleares, ha sido moderada por Carolina Roca, presidenta de ASPRIMA, y ha contado con la participación de Rafael García González, Viceconsejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid; Rocío Díaz Jiménez, consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de Andalucía; Jorge García Montoro, consejero de Fomento e Infraestructuras Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; José Luis Mateo Hernández, consejero de Vivienda, Territorio y Movilidad de las Islas Baleares, y Pablo Rodríguez Valido, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias.

    Las comunidades autónomas han puesto en marcha nuevas medidas legislativas para impulsar la vivienda protegida y asequible, introduciendo mayor flexibilidad en el uso del suelo y agilizando la tramitación urbanística. Madrid permite el cambio de uso de parcelas terciarias a residencial protegido sin alterar parámetros de edificabilidad, mientras que Andalucía amplía esta posibilidad a suelos dotacionales privados destinados al alquiler, con incentivos adicionales en densidad y edificabilidad. Canarias, por su parte, ha regulado un procedimiento exprés para destinar suelos terciarios, comerciales e industriales a vivienda protegida y asequible incentivada, con aprobación automática en un mes mediante silencio positivo.

    En Baleares, el nuevo decreto ley crea los Proyectos Residenciales Estratégicos, que integran en un solo procedimiento el planeamiento y la gestión urbanística, permitiendo incrementos significativos de edificabilidad siempre que al menos el 50% se destine a vivienda protegida. Murcia ha optado por ampliar el suelo urbanizable y reforzar el silencio positivo en informes sectoriales, además de introducir licencias básicas con plazos reducidos y nuevas figuras de colaboración urbanística. En conjunto, estas iniciativas refuerzan una misma dirección: favorecer la creación de vivienda protegida y asequible mediante normas más ágiles, procedimientos simplificados y una mayor apertura en el uso del suelo.
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