Empresa

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) lamenta que más de siete de cada diez encargos a medios propios por parte de las Administraciones Públicas se concentran en 14 empresas. En concreto, el 71,04% de los 3.346 encargos realizados a medios propios en 2022, lo que evidencia un abuso y una falta de concurrencia que amenaza la competencia empresarial y compromete la ejecución de los fondos europeos y los objetivos del Plan de Recuperación.

Se trata de los datos más recientes que la patronal ha extraído del informe La publicidad de los encargos a medios propios, elaborado por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), dependiente del Ministerio de Hacienda. Un ataque en toda regla de las administraciones central, autonómica y local contra la libre competencia, que tiene como causa, entre otras, la ausencia de un mecanismo estable y ambicioso de revisión de los precios de los contratos públicos, lo que ahuyenta a las empresas de esos contratos ante la incertidumbre generada por la espiral inflacionaria de los tres últimos años.

Así, las adjudicaciones de obras a empresas que acuden en solitario a las ofertas de las administraciones ascendieron el año 2023 a 1.213 millones de euros en 4.875 contratos. Una cantidad muy elevada comparada con el importe adjudicado a empresas que acudieron en solitario y sin competencia en el año 2019: 315 millones de euros, cuatro veces menos.

Esto restringe peligrosamente el número de empresas que compiten por un contrato en las administraciones públicas. La competencia se ha desplomado un 63% desde 2019, cuando acudían una media de 6,99 empresas a una licitación pública frente a las 4,3 empresas en la actualidad. Y todo eso tras duplicarse el volumen de licitaciones entre 2019 y 2023, hasta los 17.000 millones de euros destinados actualmente.

La patronal atribuye esta situación a la ausencia de un sistema de reequilibrio económico de los contratos públicos desde hace un año, cuando venció el Real Decreto-ley 3/2022 modificado hasta tres veces. Un año después de vencer el mecanismo de revisión excepcional de precios, la espiral inflacionaria y la falta de competencia ahuyentan a las empresas de las licitaciones públicas, que quedan desiertas, lo que da justificación a las administraciones para hacer encargos a medios propios, extrayendo esa actividad de la esfera privada y limitando la creación de riqueza y empleo, especialmente entre las pymes.

Además, cada vez se aprecia más claramente que las licitaciones desiertas motivan encargos a medios propios pero a precios muy superiores a los originales, suponiendo menos actividad empresarial y a un coste muy superior. Asimismo, recuerdan que estos encargos no generan tributación como una licitación ordinaria, por ejemplo en el IVA.

Si el Real Decreto-ley se reveló completamente insuficiente para compensar las pérdidas empresariales por las tensiones en los precios de los materiales básicos y la energía, a día de hoy el sector lleva un año sin ningún tipo de mecanismo que reequilibre las prestaciones de los contratos públicos. Una situación que amenaza a las empresas y al propio sector, que sufren importantes dificultades para pujar por contratos públicos sin comprometer sus balances de resultados y que cada vez tienen menos actividad por los encargos internos que hace la administración.

Más licitaciones desiertas

Esta preocupante situación podría terminar agravando el número de licitaciones desiertas -que CNC viene denunciando desde finales de 2021- y el incremento descontrolado del uso de medios propios por parte de las AAPP para ejecutar contratos públicos: de 2021 a 2022, el número de encargos a medios propios creció un 77%, pasando de 1.888 a 3.346 encargos.

Además, si atendemos a los importes de esos encargos, vemos que si en 2021 las tres AAPP -central, autonómica y local- destinaron algo más de 589 millones de euros a la ejecución de contratos mediante empresas públicas, al año siguiente, en 2022 el importe se incrementó casi un 350%, hasta los 2.631 millones. Una cantidad que es 4,5 veces mayor que la de 2021 y una auténtica irresponsabilidad que elimina el principio de libre concurrencia y capacidad.

Recordemos que en 2018 apenas se publicaron encargos a medios propios por importe de 3 millones de euros. Desde entonces: 121,2 millones en 2019, 66,3 millones en 2020 y 589 millones en 2021. Los 2.631 millones de euros destinados en 2022 reflejan adjudicaciones arbitrarias y desproporcionadas con consecuencias nefastas para el tejido productivo y para la ciudadanía.

Según el presidente de la Construcción, Pedro Fernández Alén, "la contratación pública en España está enferma por la amenaza que supone para la competencia empresarial el abuso de estas prácticas. Y esta situación resulta especialmente preocupante, ya que podría alejar compromisos ineludibles como la ejecución de los fondos europeos con los que lograr los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia".