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La Asociación que representa a la distribución profesional de materiales para la edificación y rehabilitación (Andimac) ve urgente alcanzar un pacto de Estado para impulsar las obras de rehabilitación en general y energética en particular, y mitigar así los riesgos de pobreza en los hogares, sobre todo después de que la Encuesta de Condiciones de Vida que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) haya reflejado que el 20,7% no pueden permitirse mantener una temperatura adecuada.

Andimac alerta de que este porcentaje se ha disparado más de tres puntos respecto a 2022 (17,7%) y de que es el más elevado desde 2004, inicio de la serie. En este sentido, aunque la patronal de la reforma y la rehabilitación admite los efectos de las tensiones inflacionistas, apunta que el número de hogares sin un sistema de calefacción decente pasó del 7,6% en 2019 a casi el 21% en la actualidad, lo que significa que más de una de cada cinco viviendas no consigue la climatología adecuada en el interior de su casa. Esta situación afectaría a más de cuatro millones de hogares de los 19,27 millones que hay constituidos, de acuerdo con la Encuesta Continua de Población que publicó el INE en noviembre de 2023.

En este contexto, Andimac no entiende que, pese a las consecuencias en los hogares del incremento del riesgo de pobreza, España no esté aprovechando la oportunidad histórica que representan las ayudas comunitarias. De hecho, según su Observatorio 360 -que la consultora Arthursen elabora cada año para la patronal-, este año va a producirse una caída de los visados de rehabilitación del 8,5% -similar al de 2023-, un descenso que responde al fracaso de la canalización y ejecución de los fondos europeos NextGenerationEU.

Si los datos del INE resultan de por sí alarmantes, Andimac recuerda que el 83% de las viviendas no cumplirán con los requisitos mínimos en materia de eficiencia energética en tan solo 6 años, de acuerdo con la Directiva Europea de eficiencia energética. Esta directiva, aún por transponerse en España, implica además que para que una vivienda pueda venderse o alquilarse tenga, por lo menos, una calificación energética E a partir de 2030.

Al complejo modelo de propiedad que caracteriza el parque edificado español, se suman demasiadas limitaciones en el actual marco de regulación de las ayudas para la rehabilitación. Entre ellas, la patronal destaca su enorme dispersión; la falta de un modelo nacional, una pedagogía y comunicación social y un marco de relación y compromiso entre instituciones y agentes privados, unido a la falta de actualización de sus niveles de intensidad estimados a los costes reales de los materiales y, a nivel de CCAA, las barreras ante la ausencia de preconcesiones que prolonga los tiempos administrativos, y no adelantar las ayudas a los propietarios pese a disponer desde hace meses de los recursos en tesorería, lo que impide incentivar la toma de decisión.

No obstante, señalan que el bloqueo que los procesos administrativos vienen sometiendo la demanda ligada a los fondos se librará durante este año impulsándose este mercado.

Desde la Asociación agregan que, tras los fondos, España no puede asumir como país el riesgo de no impulsar medidas intensas en materia de rehabilitación edificatoria, lo que conlleva dotación presupuestaria directa (ayudas a las familias) e indirecta (incentivos fiscales). A su juicio, no hacerlo agravará las consecuencias de la carencia material en los hogares españoles y su empobrecimiento. El hecho de que más del 70% de la riqueza de los hogares españoles esté ligado al inmobiliario, y que el envejecimiento del parque edificado (cerca de 8 millones de viviendas cumplirán la próxima década entre 65 y el 85%) pueda derivar en una obsolescencia del mismo, también podría aumentar el problema creciente de la pobreza material de los hogares.

Según el secretario general de Andimac, Sebastián Molinero, "los últimos datos del INE no dejan lugar a dudas: en España urge alcanzar un pacto de Estado en materia de rehabilitación energética para mitigar algunos de los efectos que tiene en los hogares el aumento del riesgo de pobreza. Este gran acuerdo entre los distintos grupos parlamentarios también ayudaría a aprovechar el potencial de los fondos europeos para mejorar la calidad de vida dentro del hogar, blindar el principal activo de ahorro de las familias y garantizar el cumplimiento de los objetivos acordados con las autoridades comunitarias".